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Jueves 21 de Febrero 2019

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Aplica autoridad ambiental clausuras en Quintana Roo

Twitter @PROFEPA_Mx Foto Capital Media
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10 de Marzo 2018
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Por cambio de uso de suelo en terrenos forestales dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, en Tulum

En acciones por separado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio en Tulum, Quintana Roo, y más de una veintena de comercios en Playa Médano, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, por afectación a ecosistemas.

Asimismo, el organism0 clausuró un aserradero en Tecpan de Galeana, Guerrero, donde aseguró 13 metros cúbicos de madera de pino.

En el primer caso, la Profepa aplicó una clausura total temporal a un predio que afectó los ecosistemas de manglar y duna costera, por actividades y trabajos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, en Tulum, Quintana Roo.

En seguimiento a una denuncia, inspectores del organismo realizaron una visita al predio ubicado en el kilómetro 9.8 del tramo de la carretera costera Arco Maya-Boca Paila, para constatar el cambio de uso de suelo.

En un comunicado, informó que una primera área afectada corresponde a un ecosistema de duna costera con vegetación forestal de Palma Chit, Chechén, Chacáh y Uva de Mar.

En tanto, en dos áreas contiguas, se afectó una superficie total de 501.2 metros cuadrados, en los cuales existe ecosistema de vegetación de manglar de las especies Mangle Rojo, Mangle Blanco y Mangle Botoncillo.

Indicó que en la visita el inspeccionado no presentó la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de que la vegetación forestal afectada comprende especies listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en estatus de protección especial.

Anotó que las infracciones detectadas podrán ser sancionadas con la imposición de una multa por el equivalente de 100 a 20 mil veces las Unidades de Medida y Actualización vigentes y con la reparación del daño mediante la realización de actividades de restauración del sitio afectado.

En el segundo caso, la Profepa clausuró 21 instalaciones comerciales ubicadas en un ecosistema costero, en un predio de aproximadamente tres hectáreas, a un costado del Arroyo Salto Seco, en la playa El Médano, en Cabo San Lucas, por carecer de autorización federal en materia de impacto ambiental.

Señaló que se detectaron actividades en el predio inspeccionado relacionadas con la venta de alimentos, masajes, actividades acuáticas y estacionamiento público, que carecen de autorización de impacto ambiental dentro de un ecosistema costero y Área Natural Protegida.

Ante ello, indicó que interpuso una denuncia en la Procuraduría General de la República por el incumplimiento de la medida de seguridad impuesta, además de colocar nuevos sellos de clausura.

Recordó que La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento establecen que las instalaciones de comercio y servicios en general ubicadas en ecosistema costero, y cualquier obra o instalación dentro de un Área Natural Protegida, requieren de autorización de impacto ambiental para su construcción y operación.

Por separado, el organismo informó de la clausura total temporal al Centro de Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales clandestino que operaba en Tecpan de Galeana, por no contar con Autorización de Funcionamiento ni Registro Forestal Nacional emitidos por la Semarnat.

Sostuvo que el encargado del establecimiento no presentó los documentos por lo que se le impuso como medida de seguridad la clausura total temporal.

Indicó que en el lugar se contabilizaron 40 piezas de madera en rollo, que hacen un total de 13 metros cúbicos de pino, del cual no se acreditó su legal procedencia.

Por ello, aplicó como medidas de seguridad el aseguramiento precautorio de las 40 piezas de madera en rollo de pino y se impuso la clausura de dicho lugar.

Apuntó que, de acuerdo a la ley, el inspeccionado puede ser acreedor a sanciones como una multa de 100 a 20 mil Unidades de Medida y Actualización, a la clausura definitiva total del establecimiento y al decomiso de las materias primas forestales encontradas al momento de la visita, por no acreditar su legal procedencia.

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